Habida cuenta del hecho de que ya se había hecho saber a todo el mundo, por parte del gobierno español al menos, y quizás también por parte de las autoridades judiciales, que no se iba a permitir la investidura del diputado Sánchez, cabe preguntarse cuáles son los objetivos políticos de esa candidatura. Si no va a ser lograda (para ponerlo más claro, si no va a poder nombrar gobierno ni firmar decretos como presidente de la Generalitat de Catalunya autonómica), como, repito, se ha anunciado por todas partes, ¿porqué se propone?
Probablemente una de las razones de proponer a Jordi Sánchez es poner en jaque al Estado, a su gobierno y a su sistema judicial. Tal y como reveló el alma negra del Estado Pérez Rubalcaba, el Estado está dispuesto a pagar el precio que sea. Su independencia judicial y su prestigio democrático (si es que todavía le queda prestigio democrático) incluidos.
Teniendo en cuenta las leyes y el caso precedente de Juan Karlos Yoldi, el juez del tribunal supremo parecería no tener otra opción que permitir al candidato Sánchez comparecer ante la cámara catalana para exponer su programa. Sino, el juez estaría impidiendo su ejercicio del derecho del sufragio pasivo, a pesar de que eso es lo que ha sido anunciado. Es bastante ridículo además, el argumento de que el caso de Yoldi es distinto porque no tenía posibilidades reales de ser elegido. No se aguanta por ningún lado.
Pero es que cuando lo impida, como parece ser que será el caso, abrirá vías de desacreditar el ya poco prestigio democrático del Reino de España y también de plantearse querellas por prevaricación contra el juez Llarena: ¿O no habría impedido el ejercicio de sus derechos a Jordi Sánchez a sabiendas de lo injusto de su resolución? El precedente de Yoldi es conocido ya casi por todo el mundo y el juez no es una excepción.
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