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viernes, 9 de marzo de 2018

La cacería ideológica, ahora en la justicia

Sigue la espiral maccartiana en España. Ahora es noticia el Consejo General del Poder Judicial, órgano formado por 21 miembros, 20 de los cuáles designados a dedo por los dos partidos de la restauración borbónica, el PP y el PSOE, que curiosamente suelen hacer aquellos que los que los nombraron quisieran (¡ya ven qué casualidades tiene la vida!). Ayer Consejo General del Poder Judicial hizo público que había denegado al magistrado Santiago Vidal el reingreso en el servicio. El magistrado Vidal fue castigado hace tres años por haber escrito en sus ratos libres una propuesta de Constitución de Cataluña, cometiendo una tropelía contra sus derechos e iniciando un espiral de persecución ideológica muy peligrosa que ayer se vio intensificada.


Denegar el ejercicio en base a unas declaraciones políticas de un senador en ejercicio

Ahora le deniegan su reingreso por ¡declaraciones! efectuadas cuando era senador por Esquerra Republicana, vulnerando de nuevo su derecho a la libre expresión y haciendo una purga ideológica inconcebible en un régimen democrático. Dicen que no es apto por su "falta de lealtad a las instituciones del Estado y a la Constitución". Tomando como base declaraciones. No le deniegan la posibilidad de ejercer de magistrado por errores cometidos en su ejercicio sino por sus declaraciones cuando era senador. La barbaridad es tal que recuerda la necesidad de jurar los principios del movimiento de otras épocas. Y una clara depuración que también recuerda lo que sucede cuando se dan determinados cambios de régimen.

Pues bueno, parece que el Consejo General del Poder Judicial estima que el magistrado Vidal no ha actuado de acuerdo con los principios del movimiento (versión actualizada) y no puedo formar parte de ese grupo tan selecto de "leales". ¿Pero si España ni siquiera es una democracia militante, cómo carambas puede ser esto legal? ¿No se puede estar en contra del diseño institucional si eres juez? ¿No estarán prevaricando?



Si el Consejo General del Poder Judicial hubiese aplicado esto en la transición con los jueces y magistrados franquistas igual se hubieran quedado un poco cortos de jueces y magistrados. Un poco mucho, vaya. ¿O no habían jurado ellos los principios del movimiento? Fue una suerte, pues, que no les evaluaran las declaraciones anteriores. Y si lo aplicara hoy para con esta tendencia... mejor no nos lo preguntamos.



Uno de los aspectos más chocantes de la nota publicada ayer es la referencia al incumplimiento de resoluciones y la desobediencia a las mismas. Ellos se refieren a sus declaraciones pero... ¿conocen ustedes alguna sentencia por desobediencia contra el magistrado Vidal? ¡Yo tampoco! Entiendo que el Consejo debe atender sólo a los hechos fáctico. Pues sorprendentemente, son ahora los miembro del órgano rector del poder judicial en el Reino de España quienes pasan por alto la presunción de inocencia. ¡Qué tropa! Son un auténtico peligro para la democracia y el Estado de derecho.


El Consejo General del Poder Judicial ejerciendo de comentarista político

Lo cierto es que cuando ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial parece respetar uno de los principios más elementales del Estado de derecho, no respetan la libertad de expresión de un miembro de una cámara democrática y basan sus reprimendas en sus declaraciones políticas ¡de un senador!, la situación es más que crítica. Pero es que además, el Consejo se permite hacer la función de comentarista político. El Consejo General del Poder Judicial, puesto en el papel de tertuliano de política nos opina lo siguiente: "También superaron los límites de lo que le permitía el mandato representativo del partido en el que estaba integrado –Esquerra Republicana de Catalunya-, hasta el punto de que el líder de esa formación, Oriol Junqueras, las calificó de inveraces y perjudiciales para el Gobierno autonómico del que era vicepresidente". Así pues, las declaraciones del senador Vidal no fueron respaldadas por el presidente de ERC. ¿Y? ¿Qué importancia tiene esto para el Consejo General del Poder Judicial? ¿Suelen evaluar la estrategia política de los partidos? A ver, la politización de este órgano es más que evidente. Pero que ejerzan de comentaristas de la acción de los partidos ya era lo último que faltaba por ver. Claro que una vez ya han empezado a evaluar las opiniones y declaraciones políticas de un senador el resto ya es bajar por la pendiente. El hundimiento en el fango del sistema de justicia español es una auténtica vergüenza.






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